La cuenta atrás ha comenzado; en 2014 el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, fijó el 4 de diciembre de 2017 como fecha límite para que los edificios que no sean accesibles realicen los ajustes necesarios para cumplir con la normativa de accesibilidad. Ahora, sólo quedan pocos meses.
Y es que a partir del último mes del año, todos los edificios de Cataluña deberán ser accesibles, ya que la Administración podría sancionar a la comunidad de propietarios si el edificio no lo es. Desde el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Tarragona (COAATT), calculan que alrededor de un 75% de los edificios de la provincia de Tarragona necesitan mejorar su accesibilidad.
Esta normativa no sólo exige facilitar el acceso a sus viviendas, sino también la entrada y salida en todas las zonas comunes de la finca: garajes, jardines, salas de reuniones, piscina... Su objetivo es que las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, personas con cochecitos de bebés o las personas mayores no encuentren ninguna dificultad a la hora de acceder a cualquier espacio del edificio.
Hacer un edificio accesible implicará un esfuerzo económico por parte de los propietarios, aunque no será excesivo; la Administración ya tiene en cuenta estos aspectos, por lo que la nueva Ley marca un límite de pago para la eliminación de barreras arquitectónicas. Además, en los casos en que no se pueda asumir el coste de las obras, serán válidas las soluciones alternativas que permitan conseguir la máxima accesibilidad posible.
Si tu edificio aún no cumple con la normativa de accesibilidad, contacta con Obras con Garantía. Nuestros técnicos profesionales te aconsejarán sobre cuáles son las soluciones más adecuadas en cada caso.